De la descentralización sin gradualismos ni tutelajes a la claudicación

Cuando el entonces candidato a la presidencia del Gobierno Regional del Cusco Hugo González proclamaba repetidamente y con euforia “descentralización sin gradualismos ni tutelajes” como la síntesis de su convicción descentralista y actitud política de firmeza y radicalidad nadie pudo advertir que sólo se trataba de una pose o de una frase de campaña electoral, nadie imaginó que aquel locuaz, crítico y enérgico periodista aspirante a presidente regional terminaría pidiendo ayuda a “papá gobierno” para resolver problemas que le conciernen eludiendo sus propias responsabilidades y trasladarlas al Congreso de la República, abdicando a la autoridad detentada por mandato popular, como en el caso “Quellouno – Yanatile”, problema este que por muy complicado que sea, debe afrontarse oportuna y adecuadamente  y ello sólo se puede lograr con prudencia, que no es lo mismo que vacilación, y con determinación, haciendo uso de la razón y de la Ley.

¿Qué dice La Ley?
El Artículo 73 de la Ley 28044 Ley General de Educación dispone: “la Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia. Dicha jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de descentralización y modernización de la gestión del Estado”, esto significa que las Instituciones Educativas deben ser gestionadas por la UGEL más accesible, independientemente de los límites territoriales de una provincia. El criterio territorial es el primero pero no es el principal porque para la administración prima el criterio técnico.

¿Qué dice la razón?
Lo razonable es que quien administre las instituciones educativas sea quien tenga las mejores condiciones para hacerlo. Son 29 instituciones educativas ubicadas entre los pueblos de Quellouno (provincia de La Convención) y Yanatile (provincia de Calca), entre las ciudades de Quillabamba y Calca; en ambas ciudades existe una Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL La Convención y UGEL Calca) siendo que actualmente las 29 Instituciones Educativas son gestionadas  desde la UGEL más lejana: Calca y lo que demandan en La Convención, a exigencia de los padres de familia, es la transferencia de las mencionadas instituciones educativas a la UGEL más cercana, en aproximadamente 100 Km: La Convención, así nos lo pidieron en una mesa de diálogo en Quillabamba y así se comprometió a resolver el Presidente Regional, como consta en el Acta de Acuerdos firmada por él y el Comité de Lucha de La Convención. 

La razón ordena que las instituciones educativas estén asignadas a la UGEL más cercana, a la que se puede acceder con mayor frecuencia haciendo uso de una carretera en mejores condiciones. La UGEL La Convención es más accesible y a ello se suma el hecho de ser Unidad Ejecutora, con la mejor capacidad de gestión que ello significa y la posibilidad de tener mayor apoyo del Gobierno Local para financiar mejoras en la infraestructura, el transporte escolar o para dotar de computadoras a los estudiantes.

El distrito de Quellouno dispondrá de más de 34 millones en el 2009 en tanto el distrito de Yanatile contará con menos de 8 millones.

¿Quién debe resolver el tema educativo?
Corresponde al Gobierno Regional tomar la decisión y resolver el problema de las 29 Instituciones Educativas, así lo dispone la Ley  porque vivimos en un proceso de descentralización, y estoy seguro que sería muy fácil hacerlo si no existiera en Calca una gran insatisfacción con la Ley que crea el distrito de Quellouno. Este hecho hace percibir un tema educativo como un problema de límites entre dos provincias hermanas lo cual induce a también abordar el tema limítrofe, para solucionarlo definitivamente.

¿Es procedente desconocer las leyes sobre límites territoriales?
No, al igual que los demás señores congresistas por el Cusco, considero que es improcedente pretender desconocer las leyes. En una democracia que respeta el estado de derecho, el respeto a la Ley es fundamental y si hay una ley que nos disgusta deberán aplicarse los mecanismos legales para dejarla sin efecto o modificarla. La Ley N° 24553 de 1986 que crea el distrito de Quellouno nunca ha sido modificada ni derogada, por lo tanto, aunque disguste a muchos, está en vigencia y las autoridades estamos llamadas a cumplir y hacer cumplir las leyes. Sin embargo, atendiendo a la necesidad de dar solución integral, satisfactoria y definitiva a los problemas no debemos rehuir a tratar, en su momento, el tema de límites y demarcación territorial, en el marco de la Ley.

La Constitución de 1993, la Ley de Demarcación y Organización Territorial N° 27795 y su Reglamento también están vigentes y por lo tanto son el marco legal a utilizar para solucionar cualquier diferencia en relación a delimitación territorial. Creer lo contrario es pretender vivir al margen de la Ley en la más peligrosa arbitrariedad. Es absurdo decir que una Ley no se aplica porque “no me gusta” o porque “no me conviene”, la Ley es general y su observancia obligatoria.
De acuerdo a la legislación vigente, todos los procesos de demarcación, delimitación o redelimitación territorial deben iniciarse en el Gobierno Regional. Por lo tanto, también corresponde al Gobierno Regional del Cusco y a su presidente asumir su responsabilidad y ponerle fin a la arenga engañosa y al discurso demagógico y chauvinista de autoridades y dirigentes que aplastados por su propia mediocridad y el rechazo popular no dudan en agitar irresponsablemente  temas que ya debieron ser superados.

Me ratifico en que el Gobierno Regional es el único responsable para resolver el problema. Ser autoridad no es solamente gastar recursos del tesoro público, ni posar para la foto en actos protocolares, sino cumplir con las funciones que la Ley le asigna, aunque estas en ocasiones sean poco populares, ser autoridad es también asumir el costo que significa hacer lo correcto y comprometerse con la verdad, con la justicia y con el mejor futuro para nuestro pueblo.

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